Durante finales del siglo XIX y principios del XX, la mujer tenía un papel muy secundario en una sociedad caracterizada por ser profundamente patriarcal. Su ambiente se relegaba al terreno doméstico, siendo muy escaso el número de mujeres que trabajaban fuera del hogar. Las pocas que tenían empleo remunerado solían desaempeñar trabajos no cualificados. Los motivos del papel secundario de la mujer se deben en gran medida a su escasa educación: a comienzos del siglo XX, un 71% de las mujeres eran analfabetas.
En la década de los 20 se empezó a desarrollar un tímido movimiento feminista en el país [I1].
Cuando la II República llegó al poder, su ideología socialista simpatizó con las demandas feministas, con lo cual se dio paso a las reformas necesarias para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el derecho al voto, que fue concedido en 1931 [E1], [S1]. La II República fue una época de progreso en cuanto a los derechos de la mujer. La Constitución de 1931 reconocía la igualdad entre los sexos, y otorgaba una serie de derechos a las mujeres que les abría las puertas en el terreno laboral y político.
La Guerra Civil contribuyó a fortalecer la indipendencia de la mujer [I1], [S1], [E1]. Cuando estalló el conflicto bélico, la mayoría de los hombres en edad laboral tuvo que partir para luchar en el frente, dejando un gran número de puestos de trabajo que fueron cubiertos por mujeres [E1]. Al mismo tiempo, hubo un importante número de mujeres que lucharon en las filas republicanas: las milicianas que figuran en los carteles de propaganda republicana de la época [S1].
Tras la victoria del ejército franquista, las mujeres perdieron rápidamente los derechos que habían alcanzado. Se recortó su acceso al trabajo y se obligó a seguir una pauta de comportamiento moral acorde con los cánones marcados por la Iglesia católica, marginalizando a las mujeres que se resistían a seguir este tipo de conducta.
Con el establecimiento de Franco en el poder, se impone un nuevo modelo de mujer basado en los valores fascistas y católicos [E1]. El ábito de la mujer se vio limitado exclusivamente a la familia, el espacio doméstico y su función de esposa, madre y trasmisora de los valores nacional-católicos. El sistema legal del momento legitimizaba la subordinación de la mujer al hombre.
El Código Penal recogía la obligación de la mujer de obedecer a su marido. También reservaba fuertes penas para las mujeres culpables de adulterio, pero no para los hombres. Las mujeres ni siquiera tenían derechos sobre sus hijos: su marido podía, incluso, darlos en adopción sin consultar con su mujer.
La Sección Femenina [F1], [S1], [S2] fue una institución que se encargó de reforzar los valores católicos y patriarcales entre las mujeres a través de su educación y formación. La Sección Femenina estaba presidida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange [F1].
Con el paso de los años y la relajación del gobierno franquista, la mujer logró incrementar sus libertades y conseguir un grado mayor de indipendencia. Pero tendrían que pasar muchos años, en concreto hasta la Constitución de 1978 [E1] para que sus derechos fueran totalmente reconocidos y equiparados a los hombres a nivel legal.
