La primera indicación de gitanos en España data de 1425; se trata de un salvoconducto otorgado en Zaragoza por Juan II de Aragón, a favor de “Don Johan de Egipte Menor” (de aquí vendría el nombre de egipcianos que se convertiría en egiptanos y después en gitanos) para peregrinar a Compostela. De facto los peregrinos gozaban de muchos privilegios en la sociedad española del siglo XV, sociedad dominada por el espíritu de las  cruzadas contra el Islam y de consecuencia por una exaltación de los valores religiosos. A partir de entonces los gitanos se difundirían en toda España; sin embargo la actitud hospitalaria no duraría mucho ya que, con la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, la hegemonía del cristianismo acaba con la convivencia pacífica entre las diferentes culturas y religiones (árabe, cristiana y judía) dando lugar al fanatismo, al intolerancia y la represión.

En ese contexto los gitanos parecen gente peligrosa. Su manera de vivir en libertad y el apego a sus costumbres chocaban con la sociedad homogénea que pretendían los Reyes Católicos, quienes, en 1499, decretan la primera pragmática contra los gitanos, un conjunto de decretos que inaugura una gran represión política, cuyos objetivos eran el asentamiento o la expulsión.

En el texto de dicha pragmática se explican las razones que han llevado a tan graves medidas: "Sabed que se nos ha fecho relación de que vosotros  andáis de lugar en lugar muchos tiempos e años ha, sin tener oficios ni otra manera de vivir alguna, salvo pediendo lemosna, é hurtando, é trafagando, engañando é faciendovos fechiceros, é faciendo otras cosas no debidas ni honestas".

El resultado no fue tan "eficaz" pero se logró el asentamiento de algunos gitanos que se quedaron a vivir conjuntamente en barrios en los suburbios de las ciudades que se llamaron gitanerías.

Las pragmáticas que siguen alternan actitud represiva y tentativas liberalizadoras.

Fernando VI, en la noche del 30 de julio de 1749, ordena el encarcelamiento de todos los gitanos (algunos quedaron en prisión, otros fueran mandados a trabajar en arsenales y minas) y en 1763 se libertan todos los gitanos que todavía permanecían encarcelados.

La pragmática de 1783 (estamos en el siglo de las luces), aunque incluyendo artículos innovadores, es un programa de asimilación e inserción forzada. Se prohíben los trajes, la música, la lengua y, sobretodo de la práctica del nomadismo: a los romaníes que no dejaban su vida errante se les despojaban de sus hijos.

El resultado de este tipo de política fue la "sedentarización", sobretodo a partir de la primera mitad del siglo XIX. Un momento importante es el de la Constitución de Cádiz, en 1812, cuando se les reconocen como ciudadanos españoles. Los gitanos asentados en las ciudades, empiezan a ocuparse de ganadería y agricultura destacándose también como consumados herreros; empezando a cubrir un espacio económico en la sociedad española conquistan también cierto social y respeto.

Con el franquismo [E1] [I2] vuelven las medidas antigitanas; el Reglamento prohíbe hablar romaní y llevar vida nómada se considera delito.

Con la Constitución se derogan todos los artículos antigitanos del Reglamento de la Guardia Civil franquista y se declara la igualdad de los gitanos ante la ley, constituyendo delito la discriminación.

Los gitanos presente hoy en día en el territorio español son entre los 500.000 y los 600.000, cuya mayoría reside en Andalucía (cerca de 300.000, un 5% de la población total de la comunidad autónoma andaluza). Tras Andalucía, las regiones donde se concentra gran parte de la población gitana son Extremadura, Madrid, Valencia y Cataluña.

La mayoría de la población gitana se concentra en los suburbios de las ciudades, dedicándose a la venta ambulante y al trabajo temporero en el campo.